Quebrantamiento Constitucional

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Intervención del exConstituyente HORACIO SERPA URIBE en la inauguración del V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en Barrancabermeja. Agosto 11 de 2009.

casino on line Guerra civil en 1.895.

A comienzos del siglo XX, la cruenta guerra de los mil días.
La pérdida del Departamento de Panamá.
El mantenimiento de la sociedad pastoril hasta bien entrado el siglo XX.
La violencia del año 30, por el cambio de gobierno.
La gran violencia de los años 50, la ruptura constitucional, el Frente Nacional.
El nacimiento de la subversión en la década de los años sesenta, el narcotráfico y el paramilitarismo.
La corrupción, la desigualdad social, el atraso tecnológico, la ausencia de todo liderazgo frente a la modernidad y las transformaciones del mundo global.
Y en esa época del 80 al 90, la corrupción y el terrorismo en el más alto grado, originados en el narcotráfico.
Justificadísima, entonces, la exigencia de un nuevo contrato social para tratar de vivir mejor: así de grave, así de necesario, así de elemental.

No fue fácil lograrlo. Muchos intentos se hicieron para que el Congreso actualizara el Estatuto Mayor. No fue posible. Se requería un golpe de audacia, que comenzó con los diálogos por la paz, se hizo fuerte con las denuncias estudiantiles y la llamada “séptima papeleta” y se cristalizó en la acción de los gobiernos de los doctores Barco y Gaviria y de algunos sectores políticos progresistas que veían la necesidad del cambio. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia fueron imprescindibles.

Eureka! Colombia a la altura de sus requerimientos.
Los colombianos se dieron la Constituyente que merecían las circunstancias: diversa en su composición, dinámica en su accionar, responsable, estudiosa, política en el debate sobre el Estado, revolucionaria en sus conceptos sociales, cívica en su altruista comportamiento, profundamente reflexiva, dispuesta al consenso y al cambio, delicadamente humana, definitivamente ética, como cuando sus miembros decidimos inhabilitarnos para formar parte del Congreso que iba a elegirse después de la revocatoria que nosotros mismos decretamos.
La Constituyente y el país también estuvieron a la altura.

Expedida la norma vinieron las adecuaciones y muchos cambios. Uno de ellos, esencial, la independencia de la Rama Judicial, su autonomía presupuestal y la creación del Consejo Nacional de la Judicatura. Otra creación, la de la Corte Constitucional. También, el nacimiento de la Fiscalía General para sustituir el inoperante esquema de la Instrucción Criminal.

Muchos más cambios: Defensoría del pueblo, independencia de la Procuraduría, Junta independiente del Banco de la República y de la Televisión, un diferente concepto de la Contraloría, Contaduría Nacional, Auditoría Nacional.

En la política cambios profundos: pluralismo partidista, equilibrio entre poderes, derecho a la oposición, elección de gobernadores, revocatoria del mandato, mejor integración y funcionamiento del Congreso, inhabilidades, moción de censura para los Ministros.

Un sistema político distinto, una democracia amplia, respetuosa del individuo y del conjunto social, dentro de los criterios de la soberanía popular y de la participación ciudadana, en una república unitaria donde operen la planeación, la descentralización y las autonomías regionales y locales.

Un gran compromiso con la gente, en sus derechos, en la igualdad, en las oportunidades, en las obligaciones del Estado, más allá de la retórica tradicional, con dientes, como la tutela y las acciones populares y de cumplimiento. Gente de carne y hueso, con capacidad de reclamo, pero también cumpliendo deberes con los demás y con el Estado.

Este conjunto maravilloso de anhelos, de obligaciones, de deberes, comprimido en la filosofía, en los preceptos, en las exigencias y ejecutorias del ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

Si todo esto suena tan bien, ¿qué pasó?
¿Por qué sigue la guerrilla? ¿Por qué los asaltos, los policías muertos, el diario estallar de minas quiebra patas? ¿Hasta cuándo seguirán matando, secuestrando, robando y humillando a sus propios compatriotas? ¿Cuando van a soltar a los cautivos?
¿Por qué sigue la corrupción en el ejercicio de lo público?
¿Que significan 50 Congresistas en la cárcel y muchos más procesados? Por qué los Alcaldes y Gobernadores procesados y condenados?

¿Por qué se dieron los 21.000 asesinatos que los paramilitares han reconocido en los procesos de Justicia y Paz? ¿Por qué hasta el momento solo una condena? ¿Cuántos millares mas de asesinatos cometieron?

¿Por qué razón se dieron los falsos positivos y la sal se sigue corrompiendo?
El narcotráfico, además, sigue con sus negocios y sus horrorosas secuelas de muerte.
Y lo peor, siguen la desigualdad, no hemos acabado con la pobreza, está aumentando el desempleo, crecen las denuncias de la gente sobre injusticias sociales y siguen las reclamaciones ciudadanas, de los desplazados, de los indígenas, de los negros, de los campesinos, de los discapacitados, precisamente los sectores por los que más propugnó el constituyente en aras de la igualdad.

Hay que decir, para no ser injustos, que muchas y muchos se han preocupado por mejorar estas situaciones. Me refiero a gobernantes, políticos, jueces, soldados y policías, empresarios, académicos, representantes y miembros de las organizaciones sociales y comunitarias. También se ha invertido bastante dinero para lograrlo.

Y hay logros importantes para mostrar, como en seguridad que deben reconocerse, también en justicia, en modernidad, en organización social. Poco en bienestar, eso sí.
No es, entonces, que todo sea malo ni que no existan razones para sentirnos contentos de Colombia. Claro que sí, riquezas naturales, producción, inteligencia, ingenio, logros académicos, literarios, artísticos, deportivos, avances en diferentes aspectos, pero no tanto como para que nos creamos que somos el país más feliz del mundo.

Bastante de esto se ha logrado al amparo de las nuevas cláusulas, que sin duda han permitido atender adecuadamente muchas de las dificultades que permanentemente nos asedian. Basta un comentario. Ni una sola persona de las muchas que me han cuestionado con el argumento de que la Constitución no ha servido para nada, me ha brindado una respuesta satisfactoria sobre lo que hubiera pasado en este país si los últimos 18 años se hubieran gobernado bajo el Estado de Sitio. Mejor, ni pensarlo.

Ahora, es cierto que se sigue desconfiando de la política, existen reticencias a lo gubernamental, hay inoperancia en la búsqueda de equilibrios, siguen los abusos en lo económico, es evidente el desarraigo laboral, crecen los retrocesos en la descentralización, y se mantienen el desprecio de la ley, los abusos de autoridad, y centenares de desajustes más que demandan una gran reflexión sobre lo que pasó y lo que nos toca hacer para remediarlo.

Faltó, por ejemplo, una eficaz pedagogía de lo Constitucional.
Fue ordenada en la norma de 1991. No lo hicimos. Muchos creyeron que bastaba con aprobar una nueva Constitución. Aún es tiempo. No solo que todas y todos conozcamos sus cláusulas, sino que nos comprometamos con su filosofía, con sus principios rectores, con sus definiciones y mandatos, algunos de los cuales aún se mantienen inéditos. Que atendamos los deberes que nos incumben, también falta.

No hemos sido capaces de meter a Colombia en el texto constitucional. Ilusionamos a la gente y le dijimos que en ese librito estaban sus derechos, sus anhelos, todo lo que merecen. Pero no les hicimos comprender que tocaba luchar por alcanzarlos. Que siendo la norma un objetivo, cumplirla requiere decisiones, adecuaciones, presupuesto, acciones que si no se dan quedan los buenos propósitos escritos en el papel. Sigue la “igualdad retórica ante la ley” que denunció Gaitán, en cambio de “la igualdad real ante la vida”, que merecemos los colombianos.

La inacción abrió un espacio ocupado sagazmente por los contradictores del nuevo orden, que los hubo especialmente en el ámbito de lo partidista: los reacios al cambio, los acomodados con el status quo, los que se aprovechan de que todo siga igual.
¡Fue cuando vino la contrarreforma!

No hay que engañarse. Salvo cambios necesarios, que siempre se requieren, y tal cual propuesta de buena fe, lo que en el país se ha intentado es acabar el nuevo constitucionalismo. Descuartizarlo al mejor estilo paramilitar. De ahí la proliferación de reformas y el intento sistemático, paulatino y persistente de desconocer sus mandatos.

Veintisiete reformas, ¡quien lo creyera! Por fortuna no han logrado su objetivo. Ahí se mantiene la Constitución, con su filosofía humanista y sus principios democráticos, con sus coherentes lineamientos en tantas materias como requerimos para alcanzar la paz, lograr convivencia, respetar los derechos ciudadanos, procurar su participación, alcanzar la igualdad real, prodigar bienestar, mantener la seguridad, derrotar la delincuencia, aplicar justicia, reconocer la autonomía de las regiones, sostener el equilibrio de los poderes públicos, propiciar el crecimiento económico, aprovechar adecuadamente nuestras riquezas y defender el medio ambiente. Ahí está, vigente.

¡Falta respetarla y aplicarla!

La Constitución Nacional es nuestro gran Plan de Desarrollo. Allí está consignado lo que requerimos, enmarcado, como ya lo expliqué, en el cometido esencial del Estado Social de Derecho.
Es un enorme compromiso, asumido por una Asamblea de Delegatarios escogidos por el propio pueblo.
Hay algo que muchos no conocen, dado que somos una sociedad de jóvenes, que en 1990 no habían nacido o eran menores de 12 años y no alcanzan a tener la noción del enorme suceso que ocurrió en diciembre de 1.990. A otros se les ha olvidado. Y algunos se hacen los desentendidos.
El pueblo colombiano, con todas las de la ley, con el visto bueno de la Rama Judicial representada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, fue convocado para que eligiera un cuerpo deliberante y autónomo y asumiera la responsabilidad política y cívica de elaborar una nueva Constitución Nacional. La norma fue expedida el 4 de Julio de 1991, en acto solemne que reunió al país en el Salón Elíptico del Congreso Nacional, ante el Presidente de la República doctor Cesar Gaviria Trujillo, las Cortes, las Iglesias, el Cuerpo Diplomático, las Fuerzas Armadas, y la más legítima representación social de la época. Hoy es ley de leyes, de rigurosa aplicación.

¿Así las cosas, es posible y conveniente estar modificándola año tras año, al ritmo de los aconteceres políticos coyunturales? No debiera ser. Es más, muchas de las pretendidas reformas son imposibles a la luz de la ciencia constitucional.

Si bien la propia Constitución le dio al Congreso la facultad de reformarla para adecuarla, cuando fuere preciso, a las necesidades de la nación, sus fundamentos esenciales, los criterios rectores, los elementos ideológicos que la sustentan y la hacen coherente y operable, no pueden modificarse en el Congreso ni ser objeto de modificaciones parciales o de momento que lesionen su doctrina, pues ellas desquician el todo, la vuelven contradictoria o inoperante, y rompen su congruencia filosófica sin cuyo mantenimiento se convertiría el Estatuto Mayor en un galimatías político y jurídico que no merece nuestra comunidad.

Esto muy bien lo sabe nuestra Corte Constitucional y no debiera decirlo si no fuera porque muchos de aquellos a los que no fuimos capaces de explicar el sentido de nuestro moderno constitucionalismo demandan constantes explicaciones. Hoy, especialmente, sobre el significado del Estado Social de Derecho.

Es el tema del día, porque se dice que va a ser reemplazado por el simple clamor ciudadano.
Definiciones hay muchas, políticas, jurídicas, amplias, restrictivas, tradicionales, novedosas. Déjenme decirlo en términos simples pero entendibles: Es el Estado que funciona con base en normas justas, tangibles, estables, de riguroso acatamiento, en procura del bienestar común. Así de simple; así de profundo; así de obligante. Y es, ni más ni menos, lo que contiene nuestra Constitución.

En la Gran Asamblea discernimos sobre la guarda de la nueva Obra, el funcionamiento del sistema político acabado de diseñar, la dimensión que de lo democrático pergeñamos en las deliberaciones, la interpretación adecuada del sentir constituyente y el buen comprender del interés social y político de la norma, en el entendido de que lo constitucional se interpreta y desarrolla en términos de ciudadanía y de poder político.

Por eso y para eso, a buena hora se creó la Honorable Corte Constitucional.
Grandes servicios le ha prestado la Corte al País. Muchos más les seguirá brindando, en su quehacer de mantener vigente la Constitución, frente a los cambios que se pretenden o insinúan. Porque su articulado no puede seguir dependiendo de mayorías coyunturales, poco representativas a la luz de los acontecimientos políticos y penales que conocemos, constituidas en un Congreso cuya finalidad esencial es la de desarrollar legislativamente el sentir constitucional, no desquiciarlo ni sustituirlo, porque ello requiere un mandato expreso y claro del constituyente primario.

La Constitución sigue vigente. La necesidad del equilibrio entre los poderes públicos, sigue vigente. Continúa vigente también el Estado Social de Derecho. En cambio de desconocerlo, lo que se requiere es reivindicarlo, legitimarlo.

Para ello existe, por ventura, la Honorable Corte Constitucional.
Muy gratos resultan Encuentros como este en nuestra querida ciudad de Barrancabermeja, del que se lograrán magníficas lecciones y novedosas ideas para la mejor interpretación del ideario constitucional. El propósito de acercar el constitucionalismo a lo comunitario, dimensión novedosa de estas jornadas, le da un sentido humano real a la norma y una profunda dimensión cívica al ejercicio de la Magistratura.

Aquí se juntan el derecho y el hombre. La norma en su rigor, en su interés, en lo coercitivo de su aplicación; el hombre, la mujer, el niño, en sus anhelos, en su aflicción, en su esperanza de reivindicación, en su derecho a participar.

En este momento de la historia política y social de Colombia, a 18 años del alumbramiento constitucional, en esta ciudad de luchas sociales, de contradicciones políticas, de alegrías y sinsabores, de anhelos, sobre todo de anhelos, de propósitos, de esperanzas, se abrirán para el país buenos y novedosos capítulos en el sentir de lo normativo y de su interpretación.
Gracias, Honorables Magistrados, por crear tan importantes oportunidades de deliberación. Gracias también por recordar los episodios de 1991 y brindarnos a los Constituyentes la oportunidad de mencionarlos. Pretendimos hacer bien las cosas. Por lo menos, lo hicimos con seriedad, responsabilidad y consagración. Ahí están las normas. De ustedes depende que se mantengan y se apliquen. El pueblo colombiano, tan escéptico, a ustedes les tiene confianza. Sabemos que no lo van a defraudar. Volver a Inicio >